La Generalitat
actuará como intermediaria para promover acuerdos entre propietarios de
viviendas vacías y nuevos habitantes
Las restricciones que ha impuesto la Covid-19 se han
traducido en no pocos cambios en el estilo de vida de mucha gente. Algunos han
descubierto que tales limitaciones son menos engorrosas en un entorno rural lo
que se ha traducido en que un puñado de pueblos hayan ganado nuevos vecinos.
Con el objetivo de frenar la despoblación en municipios alejados de las
ciudades, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunció
ayer una iniciativa encaminada a rehabilitar viviendas vacías y en estado
precario en localidades de menos de 500 habitantes o de 3.000, en el caso que
tengan un mínimo de diez núcleos diseminados, para dar salida a la demanda.
El director general de Polítiques de Muntanya i del
Litoral, Albert Alins, detalló que el próximo enero se abrirá una primera
convocatoria en la que se seleccionarán 20 municipios que dispongan de
inmuebles en desuso y que registren peticiones de viviendas, tanto por parte de
residentes en la zona como de nuevos vecinos. Este plan piloto, dotado
inicialmente con dos millones de euros, que se repartirán entre los 20
candidatos seleccionados, se realizará hasta junio. A partir de entonces, se
analizará su funcionamiento para proceder a la convocatoria general en
septiembre a la que podrán presentarse los 372 municipios que reúnan los
requisitos señalados anteriormente. En estas localidades reside el 1,8% del
total de la población de Catalunya.
Todavía quedan muchos detalles por resolver, como la
financiación. De entrada, según apuntó el secretario de Hàbitat Urbà i
Territori, Agustí Serra, el departamento ofrece actuar como intermediario entre
los propietarios privados y los interesados en vivir en dichos pueblos. Unos y
otros deberán consensuar una fórmula de tenencia conveniente para todos, que además
de la compra o el alquiler puede ser la copropiedad temporal, la masoveria
urbana, el derecho de superficie o la cesión de uso temporal. Serra añadió que
en casos extremos, de inmuebles muy deteriorados en localidades con déficit de
oferta, no se descarta llegar a la expropiación, que podría ser directa o en
beneficio de terceros, si el titular se niega a negociar.
Los ayuntamientos tienen una doble misión. De un
lado, averiguar cuál es la demanda, no solo de ciudadanos llegados de fuera
sino también del propio pueblo o de la zona, que a causa de la falta de oferta
deben marchar en contra de su voluntad / LEER NOTICIA COMPLETA
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